José Monteagudo, portavoz de Educación de IU-Verdes de Cieza incide en la necesidad de una Ley de Financiación del Sistema Educativo y garantías de que la incertidumbre económica actual no supondrá una nueva oleada de recortes.

Recientemente, el Ministerio de Educación y FP acaba de publicar las estadísticas definitivas del gasto público educativo en España, con la liquidación del conjunto de comunidades autónomas y administraciones implicadas de 2020: una inversión total de 55.184 millones de euros que supone un crecimiento del 3,9% sobre 2019 y se eleva hasta el 5,4% si solamente se considera a las administraciones educativas.

En un comunicado de prensa, el portavoz de Educación de IU-Verdes de Cieza, José Monteagudo, ha declarado que "han tenido que pasar 12 años, y el 'dopaje' extra de 2.000 millones procedentes del Tramo 3 del Fondo COVID-19 del Gobierno, para superar los 53.895 millones de euros de 2009".

"Además ha precisado- ni siquiera en un año como 2019, con elecciones generalizadas y en pleno crecimiento económico, se rebasó la referencia de 2009, aunque el PIB había crecido en esos 11 años un 16,5% y el IPC, un 15%". En este sentido, el amplio informe de CCOO, titulado La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018, muestra hasta qué punto se extendía el retroceso educativo en una clara demostración de que la educación no era, ni es, una prioridad. Así, en 2009 la inversión educativa alcanzó el 5,04% del PIB nacional y en 2018 se recortó hasta el 4,21%, una cifra inferior a la existente cuando no había gratuidad en el ciclo 3-6 ni la escolarización obligatoria se extendía hasta los 16 años.

Por otra parte, la evolución del peso del gasto para la educación en el conjunto del gasto público total del Estado, representaba en 2009 el 10,90% del total estatal y en 2020 se ha quedado en el 9,38%, un retroceso del 14%, sin olvidar que cerca del 90% del gasto público educativo corresponde a las comunidades autónomas.

Por otra parte, con los datos más recientes de la OCDE (2019), el peso del gasto público en el conjunto del gasto total educativo es en España del 80%, por un 87% de la Unión Europea. Por tanto, hay mucho que avanzar para aproximarnos.

Monteagudo ha concluido advirtiendo que, "en un contexto de incertidumbre económica como el actual, es preciso garantizar la suficiente financiación educativa que evite el retroceso educativo que han supuesto los recortes", reiterando la necesidad de una Ley de Financiación Educativa que garantice el gasto público con perspectiva de futuro y que atienda todas las necesidades del sistema, considerándolo una inversión imprescindible para la mejora social y el progreso.