El Pleno exige al Gobierno regional la reactivación de servicios en el hospital y nuevas prestaciones

El alcalde de Cieza, Pascual Lucas, junto a la nueva concejala de Sanidad, Melba Miñano, exigía hace unas semanas al Servicio Murciano de Salud la reactivación de servicios en el Hospital, junto a otras demandas. En la misma línea se pronunciaba también la Plataforma Hospital de Cieza.

Por todo ello, Antonio Ignacio Martínez-Real, en la valoración de la sesión ordinaria de junio, mostraba su satisfacción ya que también el Pleno entero, de manera unánime, exigió al Gobierno regional la puesta en marcha de distintos servicios, entre los que destacan la unidad Sociosanitaria, UCE, ampliación del servicio de radiología, aumento del personal sanitario y no sanitario, incrementar los recursos de transporte sanitario, urgencias psiquiátricas o iniciar la construcción de un centro de salud mental. El edil del Gobierno destacaba la importancia que supone "mantener la unidad y el consenso en estos asuntos de cara a seguir mejorando la dotación de servicios en nuestro hospital".

También en el pleno de junio, el Gobierno sacaba adelante puntos como la actualización a la legislación vigente de un convenio de colaboración que hay suscrito con la Agencia Tributaria, otro que fijaba los lindes del término Municipal con el de Hellín o una moción para mejorar las zonas de escolarización en la Región.

En lo que se refiere a asuntos planteados por la oposición, el Gobierno acogió con agrado la propuesta de Ciudadanos a fin de llevar a cabo los trámites para la construcción de una acera en la calle Vera Cruz, y rechazó "con rigurosos argumentos", la propuesta de VOX para crear una nueva comisión compuesta por políticos, para "pretender hacer el trabajo que ya hacen los técnicos y funcionarios municipales en materia de contratación. Propuesta ésta de VOX que tan solo consiguió sumar el apoyo del PP".

Dice Martínez-Real que "la nota negativa del pleno la puso de nuevo el PP con una propuesta sin sentido en la que pedía la creación de una comisión para el control de la Fundación Los Albares, ente que no es de carácter municipal y que es una entidad, en este caso fundación, sin dependencia de la Administración local. Muy mal le deben de ir las cosas al PP cuando pretende utilizar un juicio laboral por contingencias entre un trabajador de la Fundación y la Seguridad Social como elemento arrojadizo hacia la concejala de Asuntos Sociales. Se da además la circunstancia de que en ese procedimiento se discute sobre una incapacidad laboral que se inició en abril de 2015, cuando en todo caso gobernaba el PP, terminando esa incapacidad laboral en el año 2018, por lo que es claro y evidente que poco tiene que ver la actual concejala de Asuntos Sociales, que asumió el cargo en junio de 2019. Desde el Gobierno municipal, como ya hemos dicho, manifestamos que ninguna corporación tiene responsabilidad en este asunto, al ser la fundación un ente privado y no municipal, por lo que no entendemos la actitud del PP, que, en dos años, no se ha preocupado en absoluto por esa fundación en nada y ahora pretende utilizar a trabajadores o directivos con la intención de atacar a una persona del Gobierno, sin importarle tampoco lo más mínimo el daño que pueda hacer a la citada fundación, a sus trabajadores o a las familias que acuden a ella".

Finalmente, concluye Antonio Ignacio Martínez-Real, "desde el Gobierno apoyamos a la Fundación Los Albares, a sus trabajadores y directivos, así como a sus patronos que vienen realizando un importante y magnífico trabajo y, como siempre, seguiremos estando a disposición de las familias que acuden a ella para ayudar y colaborar en todo lo que sea posible".

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