Penélope Luna califica de "gravísima irresponsabilidad política" la apertura del centro comercial por parte del Ayuntamiento y advierte que el Ejecutivo de López Miras también debe asumir responsabilidades.
La coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, junto al coordinador municipal Jesús Sánchez y el diputado autonómico José Luis Álvarez-Castellanos, han denunciado
esta mañana que la apertura del Centro Comercial Los Olivos se ha realizado en condiciones que califican de "inaceptable, irregular y profundamente irresponsable". Según la formación, el Ayuntamiento permitió inaugurar el centro "sin las garantías mínimas que exige la ley", desoyendo advertencias técnicas, incumpliendo compromisos formales y poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía frente a riesgos previamente identificados.
Penélope Luna: "El Ayuntamiento sabía perfectamente lo que tenía que hacer y decidió no hacerlo"
Luna, ha explicado que en 2023 el Ayuntamiento aprobó dos acuerdos en los que se comprometía a construir una laguna de laminación imprescindible para evitar inundaciones del barranco de Los Grajos. "No era un capricho técnico ni un añadido decorativo —ha subrayado—; era una condición legal y de seguridad indispensable antes de urbanizar el sector".
Sin embargo, mientras la promotora avanzaba con la urbanización, el compromiso municipal quedó sin ejecutar. "La laguna nunca se construyó y, pese a ello, el Ayuntamiento permitió que el centro comercial abriera como si todo estuviera en regla", denunció Luna, quien ha advertido de que ni siquiera existe constancia de que las obras hayan sido recepcionadas oficialmente por el consistorio.
La situación, añade, fue aún más grave cuando se permitió la apertura mediante una declaración responsable. "Una figura excepcional, que se usa para agilizar trámites menores, no para legitimar una obra sin recepcionar ni una urbanización pendiente de una infraestructura de seguridad que nunca llegó", ha criticado.
Luna recordó que la CHS ha impuesto una sanción de 150.000 euros, ha señalado que el centro comercial se encuentra en situación irregular y que la Fiscalía investiga posibles delitos. "Esto no es un error administrativo; esto tiene nombres, apellidos y consecuencias. La ciudadanía tiene derecho a saber quién tomó las decisiones y por qué se ignoraron los requerimientos de la CHS", afirmó.
Por ello, exigió al alcalde del PP, Tomás Rubio, que comparezca. "No puede seguir escondido. Debe explicar por qué no hizo lo que él mismo comprometió y quién asumiría la responsabilidad si una avenida del barranco afectara al centro comercial o a la población".
José Luis Álvarez-Castellanos: "Este es el modelo del PP: inaugurar a toda prisa, sin garantías y a espaldas de la ley"
El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha ampliado el alcance de la denuncia, situando el caso dentro del estilo político del Partido Popular en la Región de Murcia. "Aquí manda el interés económico, y la legalidad, la supervisión técnica y la seguridad quedan relegadas a un segundo plano. Y lo ocurrido en Cieza es la prueba más reciente", afirmó.
Álvarez-Castellanos recordó que el presidente regional, Fernando López Miras, participó en la inauguración del centro comercial afirmando que la Región es "donde es más fácil invertir". "Pues claro que es fácil si se inaugura sin recepción de obras, sin infraestructuras hidráulicas y con advertencias oficiales sobre la ilegalidad del proyecto. Ese es el problema", señaló.
IU-Verdes pedirá en la Asamblea Regional toda la documentación relativa al proceso de apertura. "No confiamos en un Ayuntamiento que ha actuado con opacidad desde el principio, así que solicitaremos oficialmente cada informe, cada declaración responsable y cada paso del expediente", anunció, amparándose en el artículo 13.5 del Reglamento de la Cámara.
El diputado criticó también la Ley de Simplificación Administrativa aprobada en junio por decreto-ley. "La venden como un impulso a la economía, pero en realidad elimina controles esenciales. Sirve para saltarse pasos, para que los ayuntamientos lleguen tarde a sus obligaciones y para que proyectos de este tipo se abran sin garantías".
En contraste, defendió un modelo administrativo que combine rapidez y supervisión: "Hablamos de agilidad con rigor, no de abrir puertas sin mirar lo que hay detrás. Para eso los ayuntamientos necesitan técnicos, no atajos". Recordó que el Gobierno regional recibe 343 millones de euros del sistema de financiación provincial, fondos que deberían destinarse a reforzar las oficinas municipales de urbanismo. "Que los usen para ayudar, no para justificar la dejadez institucional", insistió.
Álvarez-Castellanos concluyó con una advertencia sobre los precedentes en la Región: "Ya sabemos cómo acaba esto. Cartagena, Portmán, el Mar Menor, los acuíferos del Noroeste… siempre el mismo patrón: decisiones políticas que anteponen lo privado a lo público y que acaban pagándose durante décadas".
