Cieza posee una cantidad enorme de suelo público en el que se debería construir vivienda pública, y el gobierno local debe dejar ya de mirar hacia otro lado.
Todos sabemos lo que ha pasado después del desahucio de Mari Carmen, miles de personas han salido a la calle para protestar por este y por los innumerables desahucios que se efectúan a diario en toda España, las cifras son alarmantes: el año pasado se produjeron 24539, y en el primer trimestre de 2026, nada menos que 4005.
En un principio los desahucios eran mayoritariamente por motivos de ejecución de hipotecas, pero en los últimos años la causa ha cambiado y se produce sobre todo en personas y familias que viven de alquiler. El caso de Mari Carmen ha sido, para la portavoz local de Podemos "el colmo que la sociedad ha podido aguantar, ya que retrata a la perfección la indefensión de las personas vulnerables frente a un sistema capitalista brutal que solo mide el bienestar en beneficio económico".
En opinión del círculo morado, "el problema de la vivienda corresponde solucionarlo a todas las administraciones públicas, al gobierno de la nación, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos". El consistorio de Cieza consolidó la titularidad municipal de la mayoría de los terrenos del APE-2, conocidos como terrenos de miga seca en el año 2015, después de un largo litigio, que lo condenó a asumir la propiedad forzosa del suelo y a indemnizar a los propietarios con casi 6 millones de euros.
Desde entonces han sido varias las corporaciones que se han sucedido, y de distinto signo político, pero todas han tenido una acción común frente al problema de la vivienda, señala María Jesús Fernández, portavoz morada, "dejar pasar el tiempo, mirar para otro lado y pasarle la pelota a la siguiente corporación. En una omisión clara de funciones y convirtiendo la gestión local en negligente".
Podemos Cieza ha denunciado en varias ocasiones esta situación y ha instado al Ayuntamiento de Cieza para que se tomen las medidas adecuadas que permitan la construcción de viviendas en el sector urbanístico APE-2, pero estas peticiones, "para un gobierno local, encerrado en sí mismo y que no escucha a sus ciudadanos no han servido de nada, han hecho oídos sordos, han puesto muchas excusas y ninguna gestión al respecto".
Quizás haya que recordar a nuestros gobernantes, y en especial a Tomas Rubio, alcalde de Cieza lo que establece el artículo 47 de la Constitución española, "que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Y esto es en lo que debería estar trabajando el gobierno local, "en utilizar el suelo público para construir vivienda pública, accesible para toda la ciudadanía, evitando la especulación y el enriquecimiento a través de un bien básico, como es la vivienda".
Podemos Cieza propone, para desarrollar este sector, como ya hemos dicho en propuestas anteriores, "que el Ayuntamiento debe impulsar la urbanización del sector y, que, a partir de ahí, todos los solares que resulten de titularidad municipal se destinen a la promoción de vivienda pública para jóvenes, mayores, personas vulnerables y para el público en general, en alquiler o
como vivienda en propiedad, en uno y en otro caso a precios asequibles, que eviten la especulación y el precio desorbitado de las viviendas".
Asimismo, puntualiza la portavoz morada, para financiar la promoción y gestión públicas de estas viviendas, "creemos que se debería buscar el convenio apropiado con la Comunidad Autónoma, sin renunciar a otras fuentes financieras, como podrían ser la administración estatal o la Unión Europea".
